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Trayendo justicia a las víctimas de delitos internacionales

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Last modified on: 06.06.2014

Comisión de la Verdad - Ecuador

 
Historia

En las últimas décadas, Ecuador ha pasado por periodos de agitada política. Luego de estar sujeto al yugo de la junta militar entre 1972 y 1979, el país regresa a la democracia en 1979 con la adopción de una nueva constitución. Bajo el gobierno de Osvaldo Hurtado, electo en 1982, el país sufre una crisis económica profunda. Hurtado es reemplazado en 1984 por León Febres Cordero, quien introdujo de nuevo un severo sistema de represión política. Como respuesta a su administración, aparece a fin de 1984 un grupo armado de reivindicación social llamado “Movimiento Alfaro Vive”. Para luchar contra ésta guerrilla, Cordero libró una guerra en gran escala contra el terrorismo en el curso de la cual, los representantes de la fuerza política serían considerados presuntamente culpables de múltiples violaciones de derechos humanos y de numerosas desapariciones forzadas.

León Febres Cordero es reemplazado en 1988. Sin embargo, la vida política ecuatoriana permanecía inestable: durante los próximos 20 años, tres presidentes serían destituidos, hasta la elección en noviembre de 2006 de Rafael Correa.

Antecedentes

El 17 de septiembre de 1996, el presidente Abdala Bucaram estableció la Comisión Verdad y Justicia a través de la Resolución Ministerial No. 012, cuyo objetivo era investigar por lo menos 176 casos no resueltos de violaciones de derechos humanos cometidos en Ecuador desde 1979, en particular aquellos relacionados con el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad personal. El mandato de la Comisión era establecer los hechos con el fin de que los responsables de estas violaciones fueran sancionados y que las víctimas fueran indemnizadas.

La Comisión Verdad y Justicia estaba compuesta de siete miembros: un Ministro Presidente (Franck Vargas) así como otros tres representantes nombrados por las organizaciones internacionales de derechos humanos trabajando en Ecuador y tres representantes de instituciones nacionales de derechos humanos.

La Comisión disponía de un año para realizar sus investigaciones y transmitir sus conclusiones, con la posibilidad de prolongar su mandato. También podía producir reportes sobre temas o casos particulares cuando lo estimara necesario. De éste modo, una comisión especial fue establecida para investigar la desaparición de los hermanos Restrepo de 14 y 18 años quienes fueron reportados desaparecidos en 1988 después de haber sido detenidos por la policía ecuatoriana. Ellos habrían sido asesinados y sus cuerpos habrían sido arrojados en la laguna de Yambo, en el corazón de las montañas ecuatorianas. Después de la emisión de reporte de la comisión especial, se cree que la familia Restrepo obtuvo 2 millones de dólares como indemnización por parte del Estado.

A principios de 1997, varios miembros de la comisión comenzaron a quejarse de la falta de recursos, de equipo y de personal prometido por el gobierno en la resolución de 1996. El 3 de febrero de 1997, la comisión rompe sus relaciones con el gobierno que se encontraba en medio de una crisis política (el presidente Bucaram es destituido y huye del país el 11 de febrero de 1997).

En 2003, un nuevo asunto sacudió la opinión pública ecuatoriana: el 19 de noviembre, ocho personas que cometían un robo en una sucursal de la empresa farmacéutica Fybeca en Guayaquil, fueron muertos a tiros por la policía, así como un cliente y un empleado de la empresa. Una persona también habría desaparecido en el marco de éste asunto cuyas circunstancias permanecen borrosas.

Con el fin de arrojar luz sobre estos hechos y compensar por la experiencia fallida de 1996, el presidente Correa instituye en 2007 una nueva Comisión de la Verdad.

Mandato

La Comisión de la Verdad fue creada por decreto del Presidente de la República, Rafael Correa con fecha 3 de mayo de 2007. Su objetivo era investigar las numerosas violaciones a los derechos humanos registradas bajo el gobierno de Febres Cordero entre 1984 y 1988 (327 casos habrían sido documentados), así como otros casos particulares posteriores a éste período, como el asunto Fybeca. Para tales fines, la Comisión podría solicitar acceso a los archivos que el Estado habría considerado de naturaleza confidencial o relacionada a la seguridad nacional, para sus investigaciones. Una vez reunida la información relativa a las presuntas violaciones a los derechos humanos, la Comisión podría presentar esta información ante las autoridades judiciales cuando estime que existe evidencia suficiente de responsabilidad penal.

A través de su trabajo, la Comisión debe de promover el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de políticas de reparación. Así mismo, puede hacer las recomendaciones que estime necesarias en materia de reformas jurídicas e institucionales con el fin de mejorar los mecanismos de prevención y sanción de violaciones de derechos humanos.

Composición

La Comisión es presidida por la hermana Elsie Monge, activista de derechos humanos y se compone de dos abogados, Julio César Trujillo y Roberto Jurado, un obispo, Monseñor Alberto Luna y de Pedro Restrepo, ciudadano colombiano y padre de dos desaparecidos.

Un comité de apoyo compuesto de familiares de las víctimas, de representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de representantes del gobierno brinda soporte a la Comisión en su trabajo.

La Comisión recibe también el apoyo del Centro de Justicia Transicional que ya había trabajado en Guatemala y en Perú. Esta organización contribuye su experiencia y metodología.

Funcionamiento

La Comisión enfrentó problemas desde un inicio. En octubre de 2007, debido a la falta de medios, dos miembros de la Comisión renuncian (Monseñor Leonidas Proaño y Alexis Ponce, miembros de la Comisión de apoyo). Seguido de éstas dimisiones, el gobierno decide dotar a la Comisión de un millón de dólares, que le permitieron comenzar su trabajo.

El 11 de febrero de 2008, la comisión comenzó a recibir denuncias. Para éste efecto, una línea telefónica fue puesta a la disposición de las víctimas y de sus familiares. La Comisión investigaría todos los alegatos de violaciones que fueran sometidas, con excepción de aquellas que ya habían sido objeto de una investigación.  Los casos de desapariciones no serían el objeto de una investigación profunda, más que aquellos donde existieran índices de implicación de las fuerzas públicas.

A mediados de febrero, la Comisión de la Verdad publica un primer informe en el cual figuran todos los casos de desapariciones forzadas, de tortura y de detención ilegal, documentadas por otras organizaciones de derechos humanos, incluido el Comité de Familiares de Desaparecidos. Este informe daba indicios de una presunta participación de altos responsables políticos actuales en las violaciones.

A mediados de abril de 2008, más de 105 casos fueron sometidos a la Comisión,  concernientes principalmente a hechos sobrevenidos en Quito y Guayaquil. La Comisión debería recibir denuncias hasta mediados de mayo de 2008, antes de empezar la redacción de su informe y de sus recomendaciones.

Debido al gran número de denuncias presentadas y debido a nuevos conocimientos, el mandato de la Comisión fue prolongado 180 días.

Informe

El informe final de la comisión deberá ser rendido en junio de 2009.

Seguimiento

La creación de la Comisión de la Verdad, suscitó la indignación del antiguo presidente ecuatoriano, León Febres Cordero, quien, reconociendo que las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en el curso de su mandato, se niega a reconocer la competencia de la Comisión la cual califica de “tribunal de la Inquisición.

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