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Trayendo justicia a las víctimas de delitos internacionales

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Last modified on: 06.06.2014

Comisión de la Verdad y Reconciliación de Liberia

Historia

Liberia fue una colonia americana esencialmente formada de esclavos negros americanos liberados. En 1847, Liberia obtuvo su independencia. La ideología promovida por el True Whig Party, el único partido político del país hasta 1980, consistía en el ejercicio del poder sin participar a los descendientes de los esclavos negros americanos, en detrimento de la población autóctona quienes eran sometidos a trabajos forzados en grandes plantaciones. A inicio de los años sesenta, Liberia había tenido 20 años de prosperidad que se acabaron brutalmente con la llegada al poder de Samuel K. Doe, apoyado por la etnia Krahn, en 1980. La era Doe fue caracterizada por violaciones masivas a los derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos.

La presidencia de Doe termina en 1989 cuando el Frente Nacional Patriótico de Liberia (FNLP), dirigido por Charles Taylor, llega a las puertas de la capital Monrovia. Este evento marca el inicio de la primera guerra civil liberiana. Se necesitaría la intervención de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y el envío de sus fuerzas de mantenimiento de la paz, el ECOMOG, para impedir a los rebeldes llegar al centro de la capital. En 1990, Prince Johnson, que combatía al lado de Taylor, rompe las filas. Johnson creó su propia facción, el Frente Nacional Patriótico Independiente de Liberia y es culpable de la captura y del asesinato de Doe. El mismo año, Amos Sawer es electo presidente de un gobierno interino de unidad nacional con el apoyo de la CEDEAO. Los combates continuaban causando rabia entre los diferentes grupos armados y no menos de 14 acuerdos de paz son firmados entre 1990 y 1995. Durante ésta periodo, todas las partes del conflicto son sospechosas de haber perpetrado violaciones masivas a los derechos humanos así como crímenes de lesa humanidad, ya sea el ejército del gobierno (Fuerzas Armadas de Liberia) o el FNLP, el ULIMO, el LPC y el LDF (otros grupos armados implicados en el conflicto). Las exacciones eran mucho más comunes que cada tratado de paz firmado prometiendo amnistía a los culpables.

La primera guerra civil liberiana terminó finalmente en 1995 con el tratado de paz de Abuja.

Después de un corto período de gobierno interino, Charles Taylor es electo presidente de Liberia en 1997. Taylor permanece en el poder hasta 2003 año en que empujado hasta el límite por las ofensivas rebeldes y aislado del plano internacional, se ve obligado a exiliarse en Nigeria. Su llegada al poder marcó el inicio de la segunda guerra civil liberiana. Bajo Taylor, ninguna acción fue tomada para reintegrar a los antiguos combatientes en la sociedad civil, o para enjuiciar a los autores de violaciones masivas de derechos humanos: al contrario, las fuerzas de seguridad y de policía son entrenadas por antiguos militares. Además, combates importantes tienen lugar entre las tropas gubernamentales y los combatientes de Liberianos Unidos para la Reconciliación y Desarrollo (Liberian United for Reconciliation and Development), dando lugar a masacres de civiles.

Las atrocidades cometidas durante el conflicto no terminan hasta 2003, con el exilio de Charles Taylor y la firma del acuerdo de paz de Accra, que prevee la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación.

El conflicto, que habría durado de 1989 a 2003, causó aproximadamente 250,000 muertos, un millón de refugiados y más de un millón y medio de desplazados internos.

Mandato

El 18 de agosto de 2003 es firmado Accra, Ghana, el Acuerdo de Paz que pondría fin a 14 años de conflicto civil y de inestabilidad política en Liberia. Este acuerdo preveía entre otras cosas, la creación de una Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, proyecto que fue aprobado por la Asamblea legislativa transicional en junio de 2005.

Con un fuerte apoyo de la presidenta del país electa en noviembre de 2005, Ellen Johnson-Sirleaf, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación es inaugurada en febrero de 2006 y entra en su período preparatorio en junio de 2006. Su fase activa inicia el 22 de junio de 2006, por un periodo de dos años, con una ceremonia oficial en Monrovia.

La Comisión fue creada con el objetivo de “promover la paz nacional, la seguridad, la unidad y la reconciliación”. Su mandato cubre las exacciones cometidas durante el período de enero de 1979 al 14 de octubre de 2003. Está encargada de investigar las violaciones masivas de derechos humanos que tuvieron lugar durante éste período, así como las violaciones de derecho internacional humanitario y otros abusos que pudieron haberse cometido, incluyendo masacres, violencia sexual, asesinatos extrajudiciales y crímenes económicos tales como la explotación de los recursos naturales o públicos con fines ilegales. Se encargaría igualmente de determinar si estos eventos eran aislados o formaban parte de una política sistemático, de establecer el contexto y los factores que condujeron a tales violaciones y de determinar a los culpables y sus motivos, así como el impacto que estos actos hubieran podido tener sobre las víctimas.

La Comisión fue creada por dos años, con tres meses suplementarios al final de su mandato para terminar sus actividades y escribir el informe final. Después de varias peticiones de extensión a la Asamblea Nacional, la Comisión finalmente rindió su reporte el 30 de junio de 2009.

Composicion 

La Comisión está formada de nueve miembros, especialmente de personalidades religiosas y de abogados, reflejando la diversidad religiosa y étnica de Liberia:

  •     Sheikh Kafumba Konehh
  •     Rev. Amb. Gerald Coleman
  •     Pearl Brown Bull
  •     Bishop Rev. Arthur F. Kulah
  •     Jerome J. Verdier (presidente de la Comisión)
  •     Massa Washington
  •     Dede A. Dolopei (vicepresidente de la Comisión)
  •     Oumu K. Sylla
  •     James H. T. Stewart

Estos Comisarios fueron nombrados por el jefe de Estado previa concertación  con siete miembros de un jurado de selección.

Estos nueve miembros serían asistidos por tres asesores técnicos internacionales, dos de ellos nombrados por la CEDEAO y uno por el Alto Comisario Naciones Unidas para los derechos humanos, quienes forman el Comité Interno del Consejo Técnico (Internal Technical Advisory Commitee).

La Secretaría de la Comisión está estructurada en cuatro departamentos: la unidad de investigación, la unidad de enlace y relaciones públicas, el departamento de programa y un departamento administrativo. Estos cuatro departamentos son dirigidos por un director ejecutivo.

Foncionamiento

El trabajo de la Comisión duró más de tres años a partir de la fase preparatoria que dio inicio en febrero de 2006 por un período de tres meses y hasta el 30 de junio de 2009, fin de la fase activa de la Comisión con la publicación del informe final.

Durante éstos tres años, la Comisión condujo campañas de sensibilización al público y reunió más de 22,000 testimonios escritos. Más de 500 víctimas han sido escuchadas en audiencias públicas durante el mes de enero de 2008 en los 15 condados del país así como en el seno de la diáspora liberiana.

Este llamado a la diáspora liberiana refugiada en Estados Unidos, cuyo objetivo es completar los testimonios recibidos, es en efecto, una particularidad de ésta Comisión de la Verdad. Para llevar a bien ésta labor, la Comisión instauró cooperaciones con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Northwestern, responsable de recopilar los testimonios de los Liberianos refugiados en suelo americano y con otras organizaciones tales como The Advocares fro Human Rights, efectuando una labor similar en Gran Bretaña y en los campos de refugiados en Ghana.

Otra particularidad de ésta Comisión es que adoptó un enfoque centrado en las víctimas y particularmente en las mujeres, los niños y toda la población particularmente vulnerable.

Informe

Después de la publicación de varios reportes intermedios así como de un documento estableciendo las zonas de tensión en riesgo de una recrudescencia de violencia (el National Conflict Mapping Survey, octubre de 2008), la Comisión entregó su informe final al Parlamento el 30 de junio de 2009.

Este reporte contiene las principales conclusiones sobre las causas profundas de la guerra civil así como su impacto en las mujeres, los niños y la sociedad liberiana en general. Asimismo, establece igualmente la responsabilidad de los diferentes actores, subrayando que todas las facciones implicadas en el conflicto han cometido violaciones masivas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, así como del derecho interno. Estos grupos armados han precisamente participado en la comisión de crímenes graves contra las mujeres, y han reclutado y utilizado niños-soldados durante el conflicto.

Según el informe, algunos actores estatales externos de África, de América del Norte y de Europa, son responsables de haber participado e incitado a la violencia, a la guerra y al cambio de régimen, con el fin de obtener ventajas políticas y económicas.

A fin de perseguir a los autores de los crímenes más graves y los crímenes económicos, la Comisión recomendó el establecimiento de un Tribunal penal extraordinario para Liberia en Monrovia. El informe contenía un ante-proyecto de estatuto anexo. La Comisión cita en particular el nombre de ocho antiguos jefes de guerra que a su parecer debían ser perseguidos, entre los cuales se encontraba el antiguo presidente Charles Taylor, cuyo proceso está en curso ante el Tribunal Especial para Sierra Leona, en la Haya, así como Prince Johnson, actualmente senador.

El informe contiene igualmente una lista de 36 personas que no deben ser el objeto de persecuciones, a pesar de su implicación en el conflicto. La Comisión recomienda en efecto, que “todos los individuos que han admitido sus errores, testificado con toda honestidad y expresado sus remordimientos anteriormente o ante la Comisión” no deberán ser perseguidos. Entre ellos figura el comandante rebelde Milton Blayi, responsable de asesinato de 20,000 personas durante la guerra civil.

Además de ésta amnistía específica, la Comisión otorga una amnistía general para las personas que eran menores de edad al momento de los hechos, así como para los autores de crímenes que no constituyan violaciones flagrantes de derechos humanos, de derecho humanitario y de derecho interno liberiano.

Además de lo penal, la Comisión prevé sanciones civiles: el informe recomienda que las personas que hayan estado asociadas con los grupos armados se les prohíba presentar sus candidaturas para puestos de elección pública así como ejercer funciones públicas durante un período de 30 años. La Comisión enumera una nueva lista de una cincuentena de nombres, compuestos principalmente de personalidades políticas y de finanzas, incluyendo entre otros a la presidente en ejercicio, Ellen Johnson Sirleaf.

Para los crímenes menos graves, la Comisión sugiere la creación de estructuras de diálogo y de reconciliación a nivel local. El objetivo de éste procedimiento, llamado “Palava Hut”, es que los autores de los crímenes admitan su responsabilidad y pidan perdón al pueblo de Liberia.

Finalmente, el reporte de la Comisión insiste en la importancia de las reparaciones para una paz duradera. El informe preconiza las reparaciones bajo la forma de reformas institucionales, de servicios especializados y de compensaciones financieras con respecto a los individuos y las comunidades víctimas de la guerra.

Suites 

Después de la publicación del informe, varios de los comisarios y miembros del personal de la Comisión, recibieron amenazas de muerte. Este informe, de hecho, ha sido objeto de numerosas críticas por ciertas personalidades liberianas, así como en el seno de la Comisión, donde tres de sus nueve miembros se rehusaron a firmarlo.

En efecto, si las recomendaciones del informe son adoptadas por el Parlamento, varias personalidades públicas serían susceptibles de ser perseguidas por el futuro Tribunal especial para Liberia, o serían por lo menos, susceptibles de sanciones civiles. En particular, esto implicaría que a la presidenta actual le fuera prohibido ejercer sus funciones públicas hasta el fin de su mandato. Durante una audiencia ante la Comisión en febrero de 2009, ella confirmó haber apoyado, especialmente económicamente la rebelión del Frente Nacional Patriótico de Charles Taylor, contra el régimen de Samuel Doe y se disculpó. Después de la publicación del informe, Ellen Johnson Sirleaf anunció no tener la intención de dimitir.

La aplicación de la política de inmunidad general para las personas que hayan testificado honestamente y expresado sus remordimientos a las víctimas de graves violaciones, fue también objeto de críticas. Finalmente, la Comisión también fue criticada por su falta de participación en la protección de los testigos y las víctimas, las cuales recibieron amenazas de muerte y sufrieron presiones.

 

Bibliografia
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