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Trayendo justicia a las víctimas de delitos internacionales

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Last modified on: 06.06.2014

Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Sudáfrica

Historia

 En Sudáfrica, el sistema del apartheid se instituyó como política de Estado en 1948 y continuó hasta 1992. Durante este periodo, a los sudafricanos no blancos se les negaron derechos políticos fundamentales, entre ellos la libertad de movimiento y de reunión, así como el acceso a la educación y a servicios a la salud dignos. Toda protesta era severamente reprimida. Las ONG de defensa de derechos humanos estiman que,  además de las innumerables ejecuciones realizadas, alrededor de 200,000 sudafricanos fueron arrestados entre 1960 y 1992 y que la mayor parte de ellos fueron torturados durante su detención. Las sanciones internacionales y la oposición sistemática a las injusticias del apartheid poco a poco desgastaron al gobierno sudafricano.

En 1990, Nelson Mandela, jefe del Congreso Nacional Africano (ANC), el grupo anti-apartheid más poderoso, fue liberado después de 27 años de estar en prisión. Luego de su liberación comenzó el proceso de negociación entre el ANC y el Partido Nacional (NP), que estuvo en el poder de 1948 a 1994. El NP se declaró fuertemente a favor de una amnistía general, mientras que numerosos miembros del ANC de Mandela, insistían en llevar a los funcionarios blancos a juicio con reglas similares a las de los procesos de Núremberg.

La primera elección democrática, organizada en abril de 1994, dio como resultado la victoria del ANC y de Nelson Mandela con el 61% de los sufragios. 

 

Mandato

Las nuevas negociaciones intensas, resultaron en la adopción, en mayo de 1995, por el nuevo Parlamento de la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, que estableción la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación  de sudáfrica.

Las investigaciones de la Comisión cubrieron el período comprendido entre los eventos de marzo de 1960, es decir, el mes de la masacre de cincuenta y nueve negros en Sharpeville por las fuerzas policiacas y diciembre de 1993, fecha del establecimiento del gobierno provisional.

La Comisión tenía como tarea preparar un documento sobre las graves violaciones de derechos humanos, a saber, “homicidio, secuestro, tortura o los maltratos graves infligidos a cualquier individuo” en el curso de los “conflictos del pasado”, emitir recomendaciones, especialmente sobre las reparaciones a conceder a las víctimas y, conceder amnistías, bajo ciertas condiciones (acto cometido por un miembro o un simpatizante de las partes involucradas en el conflicto, acto relacionado al conflicto político pasado).

La Comisión estaba compuesta de tres comités:

  • un comité de amnistía,
  • un comité de derechos humanos ante el cual las víctimas podían presentarse y contar su historia,
  • un comité de rehabilitación y de reparaciones

Sin embargo, el mandato de la Comisión no preveía ninguna investigación sobre las violaciones resultantes de la aplicación de la política del apartheid, especialmente el desplazamiento forzado de poblaciones, las restricciones a la libertad de movimiento y de residencia impuestas a través de las leyes sobre los permisos de residencia o la privación del derecho de voto por la gran mayoría de la población sudafricana.

 

Composición

Diecisiete miembros de la Comisión fueron nombrados para supervisar los tres comités. Estos miembros fueron escogidos en el marco de una decisión política deliberada de representar el conjunto de  la sociedad sudafricana, a saber: siete negros, seis blancos, dos mestizos y dos indios.

El arzobispo anglicano Desmond Tutu fue nombrado presidente de la Comisión. Durante el periodo de máxima actividad, la comisión sudafricana contó con cerca de 400 empleados, es decir, considerablemente más que las comisiones de la verdad instituidas en otros países. No obstante, el comité para la rehabilitación y las reparaciones era por mucho, el órgano más pobre en cuanto a personal y recursos financieros.

 

Funcionamiento

La Comisión trabajó durante cerca de tres años (1996-1998) en la preparación del reporte. El comité de derechos humanos reunió las declaraciones juradas de 20,000 personas. Su personal recorrió el país para escuchar los testimonios de todos aquellos que se presentaban. Se organizaron audiencias públicas en 80 comunidades del país.

Todo autor de violaciones de derechos humanos durante el periodo bajo investigación, que se presentara ante la Comisión y confesara sus crímenes se le concedería, bajo ciertas condiciones, amnistía. 7,115 personas se presentaron ante la Comisión. Sin embargo, se considera que los perpetradores que se abstuvieron de presentarse ante la Comisión fueron más numerosos que aquellos que lo hicieron y que la mayoría de los individuos que testificaron omitieron confesar todos sus crímenes. De estas 7,115 personas, 5,392 fueron negadas la amnistía.

 

Reporte

 Un primer reporte fue presentado ante el presidente Mandela en octubre de 1998. El reporte final, publicado en 2002, contenía 250 recomendaciones. Entre ellas, una política substancial de reparación que preveía indemnizaciones financieras para cada una de las víctimas, así como la edificación de monumentos públicos conmemorando el sufrimiento de las víctimas.

El reporte completo en cinco volúmenes (aprox. 4,000 páginas) es accesible en línea y se encuentra en la mayoría de las librerías, pero está todavía fuera del alcance de la mayoría de los sudafricanos. Hasta ahora, ninguna versión más accesible, ni más corta ha sido publicada.  Además, el reporte ha sido publicado solamente en inglés. Considerando que existen 11 idiomas en Sudáfrica, ésta es una omisión importante.

 

Seguimiento

El trabajo de la Comisión concluyó oficialmente el 31 de diciembre de 2001 en virtud de una proclamación presidencial que data de mayo de 2001 y la responsabilidad legal de sus actividades restantes fue transferida al Ministerio de Justicia. Sin embargo, los antiguos miembros y empleados de la Comisión continuaron la redacción de los últimos dos volúmenes con el fin de completar el reporte de actividades –enfocándose a los trabajos de la comisión de amnistía-  y de establecer la lista de las víctimas elegibles a reparaciones. Esta tarea fue terminada en marzo de 2003, fecha en la cual la Comisión fue disuelta después de seis años y medio de actividades.

En términos generales, es impactante constatar que el reporte final de la Comisión y sus recomendaciones no fue recibido con mucho apoyo político. Hasta la fecha, ninguna de las recomendaciones ha sido adoptada legalmente. Y más desconcertante aún es que el Parlamento no haya debatido el reporte más que durante medio día y ninguna de las cuestiones difíciles planteadas en el informe fueron discutidas.

El trabajo de la Comisión abrió un debate sobre las nociones de la verdad y de la reconciliación. Como era de esperarse en una sociedad que estuvo dividida durante tanto tiempo, había percepciones diferentes sobre los eventos del pasado. Sin embargo, todos reconocían que el pasado del país fue terrible debido a que el Estado asesinó y torturó y porque hizo desaparecer aquellas personas que consideraba eran una amenaza para la “paz” y la estabilidad. Sin embargo, algunas personas negaban que todo aquello hubiera sido parte de una política sistemática.

En julio de 1998, el Fondo Presidencial creado por el presidente Mandela que tenía, entre otras tareas, manejar el pago de las reparaciones, efectuó el pago de las primeras  “provisiones de urgencia”, en los términos de las recomendaciones emitidas por el Comité de Reparaciones de la Comisión. Aunque se destinaron 300 millones de rands a este programa -aproximadamente 65 millones de euros- , en noviembre de 2001, solamente 48 millones habían sido pagados a 17,100 solicitantes (sobre un total de 20,563). En la mayor parte de los casos, cada uno recibió una suma de entre 2,000 y 3,000 rands.

En febrero de 2001, el gobierno anunció que iba a designar 800 millones de rands (aproximadamente 105 millones de euros de la época) para las reparaciones finales, es decir, 500 millones de rands suplementarios a los 300 millones ya asignados al programa. Esta suma era sin embargo un tercio inferior a la recomendada por la Comisión.

De las más de 90, 000 personas que presentaron una queja ante la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, sólo 22,000 fueron reconocidas como víctimas con derecho a reparaciones. Hoy muchas de ellas han formado un grupo de apoyo conocido con el nombre de Khulumani. Dirigido por antiguos activistas, el grupo cuestionó el procedimiento seguido por la Comisión de la Verdad. Khulumani ha unido sus fuerzas a aquellas de otras víctimas para denunciar a varias compañías multinacionales por complicidad con el régimen de apartheid. Khulumani afirma que la indemnización de 30, 000 rands, fijada por el gobierno para las víctimas oficialmente reconocidas como tales, es muy escasa; que el procedimiento y el criterio para identificar a las víctimas es muy restringido; que el plazo previsto es demasiado rígido y que aquellos que contribuyeron al régimen del apartheid o fueron beneficiados, deben ser obligados a pagar.  A pesar del desacuerdo del gobierno sudafricano, Khulumani inició un proceso en los Estados Unidos, exigiendo 6.1 billones de dólares a un cierto número de empresas, a pesar del desacuerdo del gobierno sudafricano. Esta denuncia,  conocida como “el caso contra el apartheid”, fue rechazada el 29 de noviembre de 2004 por el Tribunal de Nueva York. Khulumani ha apelado la decisión.

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